Dice que dos de cada tres vigilantes son informales por la falta de regulación
Los prestadores de servicios de seguridad privada del país solicitaron al Gobierno permitirles importar armas de fuego para crear empleos en medio de la crisis generada por la incidencia del COVID-19.
Lucile Houellemont, presidenta de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (ADESINC), dijo que la falta de reglamentos de la ley para el Control de Armas Municiones y Materiales Relacionados 631-16 impide que se pueda importar armas, lo que dificulta que ese sector pueda crecer.
“En materia urgente, que es materia de los ministros actuales de Defensa, de Interior y Policía, y el presidente de la República sería el tema del reglamento de la Ley de armas de fuego 631-16 y se permita la importación de armas para las empresas de seguridad privada, para que nosotros a nuestra vez podamos generar empleos dignos y oportunidades de trabajo para personas ahora en esta crisis”, expresó Houellemont.
Sostuvo que la seguridad privada puede constituir un apoyo a las fuerzas de seguridad estatales ante una posible situación compleja en los próximos meses por el problema económico que ha generado la pandemia del COVID-19.
Explica que también está pendiente retomar el proyecto de ley de seguridad privada que tiene varios años en espera de que se convierta en una legislación que regule al sector y corrija la informalidad con que opera gran parte de las empresas del área.
En ese sentido informó que de acuerdo a los últimos datos de que dispone ADESINC, que agrupa a 70 empresas de vigilancia indican que hay 28,000 guardianes trabajando de manera formal, sin embargo, la realidad del sector es que dos de cada tres vigilantes son informales por la falta de regulación.
Afirma que esa es la causa por la que muchos vigilantes privados no pueden acceder a derechos legales que les asisten y no reciben formación adecuada a sus funciones, entre otras irregularidades.Protocolos por COVID-19
Lucile Houellemont dijo que las empresas formales de seguridad privada han seguido todos los protocolos establecidos y han instruido a su personal a tomar las medidas pertinentes para evitar el contagio con el COVID-19, a lo que atribuye que ninguno haya fallecido por la enfermedad.
Señala que desde que inició la incidencia del COVID-19 en el país, las empresas formales iniciaron la adquisición de equipos de protección para su personal, el reconocimiento y aislamiento de los servidores vulnerables y la toma de temperaturas diariamente, así como la realización de pruebas, entre otras prácticas.
Según una encuesta que se hizo el 15 de mayo pasado en el sector formal de seguridad privada y que abarcó a 10,785 empleados, 23 casos resultaron confirmados positivos al COVID-19, a pesar de que nunca dejaron de dar servicio.
Sobre ese particular Houellemont establece que se está requiriendo que el personal de seguridad que estuvo bajo sospecha o afectado por COVID-19 y que fue aislado debe haber resultado negativo en dos pruebas a la enfermedad antes de reintegrarse a sus labores.Empresas de Seguridad
Las empresas de seguridad privada deben operar bajo la regulación y control de Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada correspondiente al Ministerio de Defensa.
Fuente: Diario Libre